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VIDEOVIGILANCIA EN EL 脕MBITO LABORAL


Laura Espinosa Abell谩n.

Becaria del Departamento de Ciencia Jur铆dica de la Universidad Miguel Hern谩ndez de Elche.

 

Introducci贸n: Nuevas tecnolog铆as y videovigilancia:

La aparici贸n de las nuevas tecnolog铆as y su posterior aplicaci贸n al mundo laboral ha supuesto para el empleador un gran aumento de los recursos disponibles para ejercer la vigilancia y control de las actividades de sus empleados[1].

De entre estas herramientas, cobra especial relevancia la videovigilancia, entendida como la grabaci贸n de im谩genes del empleado en su lugar de trabajo, ya sea en tiempo real o no, que tiene como fin controlar aspectos como el absentismo, los horarios de entrada y salida, la seguridad y el desarrollo de la actividad laboral[2].

La facultad de supervisi贸n del empresario reside en el art铆culo 20.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) que formula la posibilidad de adopci贸n de las medidas que este estime oportunas 鈥減ara verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando (鈥) la consideraci贸n debida a su dignidad鈥.

Es importante apuntar que la videovigilancia, no posee una regulaci贸n espec铆fica y, por tanto, ser谩n los Tribunales quienes valoren cada caso atendiendo a sus circunstancias concretas. Sin embargo, como toda herramienta de control empresarial, la grabaci贸n de im谩genes del trabajador tendr谩 como limitaci贸n el respeto a los derechos fundamentales contenidos en el art铆culo 18 de la Constituci贸n Espa帽ola de 1978 (en adelante, CE)[3].

 

La tutela de los derechos fundamentales a la intimidad y a la informaci贸n:

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC), en su sentencia 98/2000, de 10 de abril, fija una serie de condiciones a tener en cuenta para esclarecer si las medidas de videovigilancia implantadas por el empresario respetan o no el derecho a la intimidad comprendido en el art铆culo 18.1 CE[4]. En este sentido, el TC establece como relevante el lugar concreto que registra la c谩mara, la visibilidad u ocultaci贸n del sistema de videograbaci贸n, el objetivo real del registro de im谩genes, el tipo de actividad desarrollada en la empresa, y el conocimiento del empleado y/o sus representantes de la existencia de c谩maras de video[5].

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Asimismo, la doctrina del TC ven铆a determinando que el derecho a la intimidad no es absoluto, puesto que habr谩 de ponderarse al derecho de direcci贸n del empleador y, por tanto, al derecho a la libertad de empresa[6]; que la medida de control impuesta deber谩 someterse al test de la proporcionalidad, seg煤n el cual, la decisi贸n empresarial debe ser necesaria, id贸nea y, adem谩s, proporcional con el objetivo a conseguir.

En cuanto a los lugares de emplazamiento de los sistemas de grabaci贸n, manifiesta el TC que, a pesar de que ciertos lugares est茅n, en principio, destinados al desempe帽o de la actividad laboral, pueden surgir relaciones sociales entre compa帽eros o con clientes que sean objeto de protecci贸n por encuadrarlas dentro de la vida 铆ntima del individuo[7]. Por otro lado, existen lugares vetados para el uso de sistemas de videograbaci贸n como son los vestuarios, taquillas, ba帽os y zonas destinadas a comedor y/o descanso[8].

En lo relativo a la publicidad del establecimiento de c谩maras en el 谩mbito laboral, expone el apartado 5.f) del art铆culo 64 ET que el empresario deber谩 informar a los representantes de los trabajadores de las decisiones que tome en referencia al control y organizaci贸n del trabajo. Por su parte, el 贸rgano de representaci贸n podr谩 emitir un informe de car谩cter no vinculante manifestando su opini贸n al respecto[9].

Sin embargo, puede resultar necesario omitir dicho deber de informaci贸n en los supuestos en que la instalaci贸n de la videoc谩mara se haga con el fin de constatar la sospecha de un comportamiento contrario a la buena fe contractual del trabajador. Puesto que la publicidad de la medida adoptada podr铆a malograr dicho objetivo.

En este sentido, el incumplimiento del deber de informaci贸n del art铆culo 64.5.f) ET ya mencionado, constituir铆a una transgresi贸n de la buena fe por parte de empleador. Pero no provocar铆a por s铆 s贸lo la nulidad de la decisi贸n de control adoptada por no estar regulado en la normativa laboral, sin perjuicio de la posible sanci贸n administrativa al amparo del art铆culo 7.7 de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, que considera el hecho mencionado como infracci贸n grave al manifestar que 鈥渓a transgresi贸n de los derechos de informaci贸n, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales, en los t茅rminos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos鈥[10].

As铆, la STC 186/2000, de 11 julio sobre el despido a un empleado que trabajada como cajero de un economato y que es grabado sustrayendo dinero de la caja registradora por un sistema oculto de videovigilancia del que no se hab铆a informado al comit茅 de la empresa, resuelve que no existe vulneraci贸n del derecho a la intimidad personal consagrado en el art铆culo 18.1 puesto que la medida de supervisi贸n supera el test de la proporcionalidad y es considerada como justa, puesto que exist铆an sospechas previas sobre el trabajador despedido de posibles hurtos.

Por tanto, el uso de videovigilancia sin informar a trabajadores ni a sus representantes se encuentra tutelado por el derecho a la libertad de empresa del art铆culo 38 CE cuando es necesario adoptar esta medida de manera extraordinaria debido a sospechas de un incumplimiento grave. En caso de no existir indicios, la decisi贸n empresarial de implantar un sistema de grabaci贸n en la empresa deber谩 seguir los cauces normales de publicidad[11].

Hasta hace unos a帽os, la doctrina en relaci贸n a la videovigilancia laboral se centraba en examinar la existencia o no de vulneraci贸n del art铆culo 18.1 CE analizando circunstancias como las anteriormente citadas. Sin embargo, con la importante STC 29/2013, de 11 de febrero, se comienza a abordar el uso de las c谩maras de grabaci贸n desde la perspectiva de la tutela informativa que ampara el apartado cuarto del art铆culo 18 CE y que encuentra su desarrollo en la normativa sobre protecci贸n de datos de car谩cter personal, la LOPD[12].

Las im谩genes grabadas del trabajador se conforman como datos de car谩cter personal en tanto en cuanto resultan 鈥渃ualquier informaci贸n concerniente a personas f铆sicas identificadas o identificables鈥 seg煤n el art铆culo 3.a LOPD. Y, por tanto, la entidad responsable del tratamiento de estos datos deber谩 informar al trabajador del uso que se est谩 haciendo de ellos[13].

En este sentido, se pronunciaba el TC en su sentencia 292/2000, al manifestar que el derecho fundamental del 18.4 CE busca garantizar el control del individuo sobre sus propios datos, en cuanto a su uso y destino con el objetivo de evitar 鈥渟u tr谩fico il铆cito o lesivo para la dignidad y derecho de los afectados鈥.

Por tanto, en este punto podemos observar un claro cambio en la doctrina ya comentada con relaci贸n a la tutela de la intimidad. Pues ahora, la omisi贸n de la informaci贸n sobre la captaci贸n de datos y su finalidad s铆 supone en todo momento la vulneraci贸n del art铆culo 18.4 CE y, en consecuencia, la nulidad de la medida empresarial[14]. Igualmente, se exige que las empresas revelen a qui茅n se graba, qu茅 objetivo tiene y qu茅 uso se le va a dar a tales grabaciones[15].

Conviene a帽adir en este punto que, diversas sentencias vienen estableciendo que la tutela de los derechos fundamentales contenidos en el apartado primero y cuarto del art铆culo 18 CE se deber谩 aplicar atendiendo a tipo de sistema de videovigilancia empleado. Esto es, si es de instalaci贸n fija o m贸vil[16].

Es decir, mientras que cualquier tipo de instalaci贸n se ver铆a tutelada por el derecho a la intimidad. La tutela informativa s贸lo entrar铆a en juego en caso de instalaciones fijas puesto que estas, por su duraci贸n en el tiempo, deben de almacenarse en un archivo de datos que estar铆a sujeto tambi茅n a la LOPD[17].

 

Conclusiones:

  • La medida de control que adopte el empresario deber谩 someterse al test de la proporcionalidad.
  • Las im谩genes del trabajador se configuran como datos de car谩cter personal.
  • El empresario deber谩 informar a los empleados o sus representantes de sus decisiones en relaci贸n al control de la actividad. Sin embargo, existe la posibilidad de omitir este deber en caso de que la videoc谩mara sea instalada con el fin de constatar el incumplimiento laboral de un empleado, ante una sospecha previa.
  • En cuanto al uso de c谩maras de grabaci贸n en el trabajo, habr谩 que atender a si la medida de control adoptada se configura como 鈥渙rdinaria鈥 o 鈥渆xtraordinaria鈥.
  • Adem谩s, ser谩 necesario distinguir entre las instalaciones de videograbaci贸n fijas y las m贸viles. Puesto que, en el caso de los sistemas fijos, entrar谩 en juego la tutela del derecho fundamental a la intimidad junto con la LOPD, mientras q en supuestos de instalaciones m贸viles, habr谩 que respetar el derecho a la intimidad del art铆culo 18.1 CE.

 


[1] 聽V茅ase la entrada sobre videovigilancia en las Gu铆as Jur铆dicas de Wolters Kluwer donde se afirma que 鈥渙tro 谩mbito de aplicaci贸n con asiduidad de las c谩maras de vigilancia lo est谩 siendo el orden laboral en donde, con la finalidad de controlar la actividad laboral鈥︹. Disponible en: https://bit.ly/2xFVEIp (煤ltima visita 26/05/2018).

[2] La videovigilancia puede llevarse a cabo a trav茅s de circuitos cerrados de televisi贸n, c谩maras web conectadas a un ordenador o c谩maras IP que pueden observarse desde cualquier dispositivo a trav茅s de una red Ethernet o Internet.

[3] Seg煤n ARRABAL PALTERO, P., en su art铆culo 鈥淟a videovigilancia laboral como prueba en el proceso鈥, Revista General de Derecho Procesal, IUSTEL, n潞 37, 2015, los trabajadores 鈥減ese a estar realizando una actividad laboral para un tercero, en unas instalaciones de un tercero, mantienen todos sus derechos鈥.

[4] Expresa la STC 292/2000, de 30 de noviembre, que el derecho fundamental a la intimidad protege 鈥渇rente a cualquier invasi贸n en aquel 谩mbito de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros contra su voluntad鈥.

[5] V茅ase la STC 186/2000 de 11 de julio, que declara constitucional la instalaci贸n de un circuito cerrado de televisi贸n para la vigilancia de la actividad laboral de un trabajador que no es informado de ello y que se considera una medida justificada por el miedo a que dicha informaci贸n no permitiese verificar las sospechas del empresario.

[6] Dicen las SSTC 57/1994 y 143/1994 que 鈥渆l derecho a la intimidad no es absoluto, al igual que ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aqu茅l haya de experimentar se releve como necesario para lograr el fin leg铆timo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho鈥.

[7] En este sentido, la STC 98/2000, de 10 de abril declara vulnerado el derecho a la intimidad de los trabajadores al establecer sistemas de audio como medida de control complementando la grabaci贸n de im谩genes ya existente en la empresa y se declara nula la decisi贸n empresarial de registrar las conversaciones.

[8] V茅ase la Gu铆a de Videovigilancia, publicada por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, p.35. Disponible en: https://www.prevent.es/Documentacion/guia_videovigilancia.pdf (煤ltima visita 28/05/2018).

[9] SEMPERE NAVARRO A. y SAN MART脥N MAZZUCONNI C., 鈥淣uevas tecnolog铆as y relaciones laborales鈥, Revista Aranzadi Social, n潞 5, 2002.

[10] APARICIO ALDANA, R. K., Derecho a la Intimidad y a la Propia Imagen en las Relaciones Jur铆dico Laborales, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2016, p. 152.

[11] APARICIO ALDANA, R. K., Derecho a la Intimidad鈥 , Op. Cit., p. 150.

[12] El apartado cuarto del art铆culo 18 CE expresa que 鈥淟a ley limitar谩 el uso de la inform谩tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos鈥.

[13]聽V茅ase la STC 292/2000, de 30 de noviembre que manifiesta que 鈥渆l contenido del derecho fundamental a la protecci贸n de datos consiste en un poder de disposici贸n y control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cu谩les de esos datos proporcionar a un tercero鈥.

[14] En el mismo sentido, la STS 2618/2014 de 13 de mayo declara improcedente el despido disciplinario de una cajera que fue grabada dejando productos sin escanear cuando su pareja realizaba la compra en el mismo establecimiento. El hacho fue captado por un sistema de grabaci贸n del que no se inform贸 a la trabajadora ni sus representantes.

[15] ARRABAL PALTERO, P., 鈥淟a videovigilancia laboral鈥 Op. Cit. p.3.

[16] Destacan en este aspecto la STSJ de Catalu帽a de 11 de octubre de 2013 y la STSJ de Valencia de 18 de noviembre de 2014 que consideran constitucional la videovigilancia sin informar previamente a los trabajadores ni a sus representantes puesto que la medida es temporal y, por tanto, no debe entrar aqu铆 la tutela informativa del art铆culo 18.4 CE.

[17] DOCTOR S脕NCHEZ-MIGALL脫N, R., 鈥淟a vigilancia de la actividad del trabajador mediante videoc谩maras y circuitos cerrados de televisi贸n鈥, Revista IUSLabor, n煤m. 3/2014. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/download/283933/372905 (煤ltima visita 30/05/2018)

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