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CONTROL EMPRESARIAL SOBRE LAS NUEVAS TIC EN LAS RRLL


Laura Espinosa Abell谩n.

Becaria del Departamento de Ciencia Jur铆dica de la Universidad Miguel Hern谩ndez de Elche.

 

Introducci贸n. Las TIC en las relaciones laborales:

Las relaciones laborales se est谩n viendo claramente influenciadas por el desarrollo inform谩tico aplicado al entorno de trabajo[1]. Las nuevas tecnolog铆as, est谩n generando un gran cambio en las formas de comunicaci贸n e informaci贸n entre los grupos de inter茅s (stakehoolders, esto es: trabajadores, directivos, proveedores, accionistas, clientes, etc.) y en la sociedad en general[2]. Estas herramientas TIC permiten, tanto al empleado como al empleador, desarrollar su trabajo y ejercer sus derechos y obligaciones de una forma diferente.

En este sentido, expresa el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) que 鈥渓os avances tecnol贸gicos que en los 煤ltimos tiempos se han producido en el 谩mbito de las comunicaciones, especialmente en conexi贸n con el uso de la inform谩tica, hacen necesario un nuevo entendimiento del concepto de comunicaci贸n y del objeto de protecci贸n del derecho fundamental que extienda la protecci贸n de estos nuevos 谩mbitos鈥[3].

Se evidencia, por tanto, la necesidad de determinar qu茅 derechos y obligaciones entran en juego en relaci贸n con el uso de medios tecnol贸gicos en el 谩mbito laboral.

 

DDFF de los empleados en el desarrollo de su actividad. Especial referencia al secreto de las comunicaciones y a la intimidad:

El art铆culo 11.1 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) dispone que la buena fe deber谩 ser respetada indistintamente del tipo de procedimiento empleado, y que la prueba obtenida atentando las libertades y los derechos fundamentales (en adelante, DDFF) del individuo carecer谩 de efecto alguno, por lo que resultar谩 nula[4].

Del mismo modo, el art铆culo 90.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social (en adelante, LRJS) manifiesta que ser谩n inadmisibles las pruebas que se hayan obtenido, directa o indirectamente, a partir de 鈥減rocedimientos que supongan violaci贸n de derechos o libertades p煤blicas鈥[5].

Por tanto, 驴qu茅 DDFF afectan a las nuevas tecnolog铆as? Principalmente, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad. As铆, el art铆culo 18 de la Constituci贸n Espa帽ola (en adelante CE) recoge en su apartado primero, la protecci贸n de la intimidad personal y familiar y de la propia imagen, y en su apartado tercero, el derecho al secreto de las comunicaciones cuyo fin es evitar la injerencia de terceros (ajenos a la conversaci贸n) en la transmisi贸n de mensajes entre el emisor y el receptor.

El art铆culo 18.3 CE, 鈥済arantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegr谩ficas y telef贸nicas, salvo resoluci贸n judicial鈥. No obstante esta precisi贸n, los medios de comunicaci贸n electr贸nicos (surgidos mucho despu茅s de la redacci贸n de la CE) tambi茅n quedan amparados bajo la protecci贸n de este derecho fundamental[6].

Ambos derechos, se articulan de manera diferente respecto de la misma comunicaci贸n. Es decir, el derecho al secreto de las comunicaciones comprende toda la informaci贸n contenida en el mensaje[7], mientras que la vulneraci贸n del derecho a la intimidad queda subordinada a si dicho contenido, hace referencia a la esfera privada o no de los comunicantes. Por tanto, cuando es uno de los interlocutores quien revela la comunicaci贸n en todo o parte, no existe vulneraci贸n del secreto de las comunicaciones; sin embargo, el mensaje s铆 que puede resultar una transgresi贸n del 18.1 CE si su contenido as铆 lo hace ya que 鈥渆ntre los interlocutores s贸lo opera la tutela de la intimidad, pero en este caso su eficacia se condiciona a que el contenido de la comunicaci贸n sea 铆ntimo鈥, manifest谩ndose as铆 un deber de reserva entre los participantes[8].

Igualmente, las grabaciones realizadas por uno de los participantes de una conversaci贸n, sea cual sea el medio o herramienta en que se registre, no conculcan la garant铆a al secreto del art铆culo 18.3 CE, puesto que esta protecci贸n s贸lo interviene frente a personas ajenas al proceso de di谩logo[9].

Por su parte, tanto la doctrina como la legislaci贸n establecen una clara distinci贸n entre los tipos de datos que comprende una comunicaci贸n[10]. As铆, existen 鈥渄atos que no se refieren al contenido, pero que ofrecen informaci贸n sobre las circunstancias en que se ha producido la comunicaci贸n, afectando (鈥) a la intimidad de los comunicantes鈥[11] y, por tanto, tambi茅n quedan amparados por el secreto de las comunicaciones seg煤n el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH), dichos datos son los llamados 鈥渄atos de tr谩fico鈥 [12].

Estos derechos, amparan al ciudadano y, por ende, al trabajador. Sin embargo, como se ver谩 a continuaci贸n, pueden surgir conflictos en relaci贸n con el alcance del control empresarial sobre el uso de herramientas inform谩ticas en el puesto de trabajo.

 

Control empresarial sobre el uso de las TIC en el trabajo:

El art铆culo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) otorga al empresario la facultad de vigilancia y control de los empleados a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes laborales[13].

bully-3233568__340Seg煤n el TS, esta disposici贸n es la encargada de regular el uso de los medios inform谩ticos en el 谩mbito de las relaciones laborales[14]. Y son estos mismos medios, los que, en ocasiones, usa el empresario para vigilar y controlar el cumplimiento de la prestaci贸n laboral por parte de sus empleados[15].

La cuesti贸n m谩s recurrente en cuanto al uso, por parte de los empleados, de TIC propiedad de la empresa es si su utilizaci贸n para fines personales puede resultar una transgresi贸n de la buena fe contractual. En respuesta a esto, las sentencias se debaten entre dos corrientes: la tendencia m谩s estricta estima la autorizaci贸n expresa del empleador como obligatoria; sin embargo, la v铆a m谩s flexible, alude a la existencia 鈥渄e un h谩bito social generalizado de dicha herramienta inform谩tica para fines particulares por parte de los trabajadores que debe ser tolerado por los empresarios, a煤n sin autorizaci贸n expresa (鈥) de acuerdo a las reglas de la buena fe鈥[16].

En este sentido, se hace necesario que la empresa fije unas reglas de uso de los ordenadores para los empleados, advirtiendo sobre el tipo de control y vigilancia que se va a ejercer[17]. Las medidas de control establecidas s贸lo deben comprobar que efectivamente el trabajador cumple con sus tareas y obligaciones laborales, y no deben en ning煤n caso vulnerar el derecho a la intimidad inform谩tica desde el punto de vista de la LOPD[18].

Con el fin de comprobar que los derechos de los trabajadores son respetados en el ejercicio del control empresarial, dichas medidas deber谩n superar el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad a trav茅s del test de la proporcionalidad[19].

Asimismo, si los equipos inform谩ticos son las herramientas de trabajo de los empleados, y estos conocen en qu茅 condiciones pueden usarse y de qu茅 forma el empresario puede ejercer su poder de control, no se hace necesario el consentimiento expreso del trabajador ni la autorizaci贸n judicial para que el empresario registre y adquiera informaci贸n del medio tecnol贸gico, puesto que dicha informaci贸n se considerar铆a en copropiedad de su autor y de la empresa[20].

Sin embargo, si el empresario autoriza expresamente el uso de los ordenadores para un fin particular, aun siendo una herramienta de trabajo, el art铆culo 18.3 CE proteger谩 todas las comunicaciones contenidas en el equipo inform谩tico, incluso las de car谩cter profesional, salvo el consentimiento del trabajador o autorizaci贸n judicial[21].

 


[1] V茅ase la 鈥淓ncuesta sobre el uso de Tecnolog铆as de la Informaci贸n y las Comunicaciones (TIC) y del comercio electr贸nico en las empresas鈥, elaborada por el Instituto Nacional de Estad铆stica, donde se recoge que 鈥渢res de cada cinco empleados usan ordenadores con fines empresariales y m谩s de la mitad de los empleados usa ordenadores con conexi贸n a Internet鈥 y adem谩s, 鈥渆l 49,6% de las empresas con conexi贸n a Internet usan alguno de los medios sociales por motivos de trabajo en el primer trimestre de 2017. De ellas, el 94,4% utilizan redes sociales鈥, seg煤n datos relativos al primer trimestre de 2017. Disponible en: http://www.ine.es/prensa/tic_e_2016_2017.pdf (脷ltima visita:10/07/2018).

[2] V茅ase en este sentido la STSJ de Madrid, de 10 de junio de 2015, donde se acepta un mensaje de WhatsApp como prueba de la extinci贸n del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador.

[3] STC 70/2002, de 3 de abril, fundamento jur铆dico 9.

[4] Art铆culo 11.1 LOPJ: 鈥 En todo tipo de procedimiento se respetar谩n las reglas de la buena fe. No surtir谩n efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.鈥

[5] Art铆culo 90.2 LRJS: 2. 鈥淣o se admitir谩n pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violaci贸n de derechos fundamentales o libertades p煤blicas. Esta cuesti贸n podr谩 ser suscitada por cualquiera de las partes o de oficio por el tribunal en el momento de la proposici贸n de la prueba, salvo que se pusiese de manifiesto durante la pr谩ctica de la prueba una vez admitida. A tal efecto, se oir谩 a las partes y, en su caso, se practicar谩n las diligencias que se puedan practicar en el acto sobre este concreto extremo, recurriendo a diligencias finales solamente cuando sea estrictamente imprescindible y la cuesti贸n aparezca suficientemente fundada. Contra la resoluci贸n que se dicte sobre la pertinencia de la pr谩ctica de la prueba y en su caso de la uni贸n a los autos de su resultado o del elemento material que incorpore la misma, s贸lo cabr谩 recurso de reposici贸n, que se interpondr谩, se dar谩 traslado a las dem谩s partes y se resolver谩 oralmente en el mismo acto del juicio o comparecencia, quedando a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnaci贸n de la prueba il铆cita en el recurso que, en su caso, procediera contra la sentencia.鈥

[6] FERN脕NDEZ ESTEBAN, en su 鈥淓studio de la jurisprudencia constitucional y ordinaria sobre el secreto de las telecomunicaciones entre particulares, en especial en el 谩mbito de la empresa鈥, Revista Aranzadi Doctrinal Civil-Mercantil, n潞3, 2000, p谩g.38.

[7] Seg煤n, RODRIGUEZ LAINZ, J.L., en su ponencia sobre 鈥淎n谩lisis del espectro electromagn茅tico de se帽ales Inal谩mbricas: rastreo de dispositivos wi-fi鈥, 鈥渓a protecci贸n que brinda el art. 18.3 de la CE a cualesquiera comunicaciones es absolutamente independiente de la naturaleza o trascendencia real de la informaci贸n que se transmite a trav茅s de las redes de comunicaciones鈥.

[8] L脫PEZ ORTEGA, J.J., 鈥淟a utilizaci贸n de medios t茅cnicos de observaci贸n鈥 en La protecci贸n jur铆dica de la intimidad (Dir. BOIX REIG; Coord. JARE脩O LEAL), Iustel, Valencia, 2010, p谩g. 267.

[9] V茅ase en este sentido la STC 114/1984, de 29 noviembre. V茅ase tambi茅n la STS de 20 de noviembre de 2014, sobre una trabajadora que graba una conversaci贸n entre ella y su superior, sin consentimiento de este 煤ltimo, mientras se le hace entrega de una carta de despido en la v铆a p煤blica. El Tribunal Supremo resuelve que la grabaci贸n de audio no transgrede la protecci贸n al secreto de las comunicaciones debido a que este s贸lo protege ante la intromisi贸n de terceros ajenos al mensaje, ni vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal del empleador, puesto que el contenido de la conversaci贸n trata, exclusivamente, sobre temas laborales.

[10] Existe una gran relaci贸n de autores, nacionales e internacionales, que utilizan el t茅rmino 鈥渢r谩fico de datos鈥, como RODRIGUEZ LAINZ, BREYER, CAM脫N, etc. V茅ase tambi茅n legislaci贸n al respecto como la Directiva 97/66/CE, 2002/58/CE, el articulo 38 de la Ley General de Telecomunicaciones, el art铆culo 12 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci贸n y de Comercio Electr贸nico, etc.

[11] FR脥GOLS I BRINES, E., 鈥淟a protecci贸n constitucional de los datos de las comunicaciones鈥 en La protecci贸n jur铆dica de la intimidad (Director BOIX REIG, J. y Coord. JARE脩O LEAL, 脕.), Iustel, Valencia, 2010, p谩g. 45.

[12] V茅ase la STEDH, de 2 de agoste de 1984, sobre la captaci贸n de datos de una empresa sobre sus clientes en referencia a n煤meros de marcaci贸n telef贸nica, inicio de las llamadas, duraci贸n, etc.

[13] El art铆culo 20.3 ET, dispone que 鈥渆l empresario podr谩 adoptar las medidas que estime m谩s oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopci贸n y aplicaci贸n la consideraci贸n debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad鈥.

[14] V茅ase la STS de 26 de 2007, que declara que 鈥渆l control del uso del ordenador facilitado al trabajador por el empresario no se regula por el art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores, sino por el 20.3 del Estatuto de los Trabajadores鈥.

[15] P脡REZ DE LOS COBOR ORIHUEL, F., Nuevas tecnolog铆as y relaci贸n de trabajo, Tirant lo Blanc, Valencia, 1990, p谩gs. 32-33.

[16] APARICIO ALDANA, R.K., Derecho a la intimidad y a la propia imagen en las relaciones jur铆dico laborales, Thomsom Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2016, p谩gs. 96-97; DESDENTADO BONETE, A., expone estas dos tendencias de manera m谩s amplia y detallada en su ponencia 鈥淣uevas tecnolog铆as y las relaciones laborales鈥 presentada en el Foro Aranzadi Social 2012-2013, en Madrid, el 10 de abril de 2013.

[17] STS de 8 de marzo de 2011.

[18] ROQUETA BUJ, R., 鈥淓l derecho a la intimidad de los trabajadores鈥 en La protecci贸n jur铆dica de la intimidad (Director BOIX REIG, J. y Coord. JARE脩O LEAL, 脕.), Iustel, Valencia, 2010, p谩g. 420-422.

[19] V茅ase la STS de 5 de diciembre de 2003.

[20] GO脩I SEIN, J. L., 鈥淰ulneraci贸n de derechos fundamentales en el trabajo mediante instrumentos inform谩ticos, de comunicaci贸n y archivo de datos鈥 en Nuevas tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n y Derecho del Trabajo, Alicante, 2004, p谩gs. 80-81.

[21] GO脩I SEIN, J. L., 鈥淰ulneraci贸n de derechos fundamentales en el trabajo鈥︹, p谩gs. 77-80.

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