Archivo

Archivo para la categoría ‘blog’ XML Feed

CONTROL EMPRESARIAL SOBRE LAS NUEVAS TIC EN LAS RRLL


Laura Espinosa Abell谩n.

Becaria del Departamento de Ciencia Jur铆dica de la Universidad Miguel Hern谩ndez de Elche.

 

Introducci贸n. Las TIC en las relaciones laborales:

Las relaciones laborales se est谩n viendo claramente influenciadas por el desarrollo inform谩tico aplicado al entorno de trabajo[1]. Las nuevas tecnolog铆as, est谩n generando un gran cambio en las formas de comunicaci贸n e informaci贸n entre los grupos de inter茅s (stakehoolders, esto es: trabajadores, directivos, proveedores, accionistas, clientes, etc.) y en la sociedad en general[2]. Estas herramientas TIC permiten, tanto al empleado como al empleador, desarrollar su trabajo y ejercer sus derechos y obligaciones de una forma diferente.

En este sentido, expresa el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) que 鈥渓os avances tecnol贸gicos que en los 煤ltimos tiempos se han producido en el 谩mbito de las comunicaciones, especialmente en conexi贸n con el uso de la inform谩tica, hacen necesario un nuevo entendimiento del concepto de comunicaci贸n y del objeto de protecci贸n del derecho fundamental que extienda la protecci贸n de estos nuevos 谩mbitos鈥[3].

Se evidencia, por tanto, la necesidad de determinar qu茅 derechos y obligaciones entran en juego en relaci贸n con el uso de medios tecnol贸gicos en el 谩mbito laboral.

 

DDFF de los empleados en el desarrollo de su actividad. Especial referencia al secreto de las comunicaciones y a la intimidad:

El art铆culo 11.1 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) dispone que la buena fe deber谩 ser respetada indistintamente del tipo de procedimiento empleado, y que la prueba obtenida atentando las libertades y los derechos fundamentales (en adelante, DDFF) del individuo carecer谩 de efecto alguno, por lo que resultar谩 nula[4].

Del mismo modo, el art铆culo 90.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social (en adelante, LRJS) manifiesta que ser谩n inadmisibles las pruebas que se hayan obtenido, directa o indirectamente, a partir de 鈥減rocedimientos que supongan violaci贸n de derechos o libertades p煤blicas鈥[5].

Por tanto, 驴qu茅 DDFF afectan a las nuevas tecnolog铆as? Principalmente, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad. As铆, el art铆culo 18 de la Constituci贸n Espa帽ola (en adelante CE) recoge en su apartado primero, la protecci贸n de la intimidad personal y familiar y de la propia imagen, y en su apartado tercero, el derecho al secreto de las comunicaciones cuyo fin es evitar la injerencia de terceros (ajenos a la conversaci贸n) en la transmisi贸n de mensajes entre el emisor y el receptor.

El art铆culo 18.3 CE, 鈥済arantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegr谩ficas y telef贸nicas, salvo resoluci贸n judicial鈥. No obstante esta precisi贸n, los medios de comunicaci贸n electr贸nicos (surgidos mucho despu茅s de la redacci贸n de la CE) tambi茅n quedan amparados bajo la protecci贸n de este derecho fundamental[6].

Ambos derechos, se articulan de manera diferente respecto de la misma comunicaci贸n. Es decir, el derecho al secreto de las comunicaciones comprende toda la informaci贸n contenida en el mensaje[7], mientras que la vulneraci贸n del derecho a la intimidad queda subordinada a si dicho contenido, hace referencia a la esfera privada o no de los comunicantes. Por tanto, cuando es uno de los interlocutores quien revela la comunicaci贸n en todo o parte, no existe vulneraci贸n del secreto de las comunicaciones; sin embargo, el mensaje s铆 que puede resultar una transgresi贸n del 18.1 CE si su contenido as铆 lo hace ya que 鈥渆ntre los interlocutores s贸lo opera la tutela de la intimidad, pero en este caso su eficacia se condiciona a que el contenido de la comunicaci贸n sea 铆ntimo鈥, manifest谩ndose as铆 un deber de reserva entre los participantes[8].

Igualmente, las grabaciones realizadas por uno de los participantes de una conversaci贸n, sea cual sea el medio o herramienta en que se registre, no conculcan la garant铆a al secreto del art铆culo 18.3 CE, puesto que esta protecci贸n s贸lo interviene frente a personas ajenas al proceso de di谩logo[9].

Por su parte, tanto la doctrina como la legislaci贸n establecen una clara distinci贸n entre los tipos de datos que comprende una comunicaci贸n[10]. As铆, existen 鈥渄atos que no se refieren al contenido, pero que ofrecen informaci贸n sobre las circunstancias en que se ha producido la comunicaci贸n, afectando (鈥) a la intimidad de los comunicantes鈥[11] y, por tanto, tambi茅n quedan amparados por el secreto de las comunicaciones seg煤n el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH), dichos datos son los llamados 鈥渄atos de tr谩fico鈥 [12].

Estos derechos, amparan al ciudadano y, por ende, al trabajador. Sin embargo, como se ver谩 a continuaci贸n, pueden surgir conflictos en relaci贸n con el alcance del control empresarial sobre el uso de herramientas inform谩ticas en el puesto de trabajo.

 

Control empresarial sobre el uso de las TIC en el trabajo:

El art铆culo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) otorga al empresario la facultad de vigilancia y control de los empleados a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes laborales[13].

bully-3233568__340Seg煤n el TS, esta disposici贸n es la encargada de regular el uso de los medios inform谩ticos en el 谩mbito de las relaciones laborales[14]. Y son estos mismos medios, los que, en ocasiones, usa el empresario para vigilar y controlar el cumplimiento de la prestaci贸n laboral por parte de sus empleados[15].

La cuesti贸n m谩s recurrente en cuanto al uso, por parte de los empleados, de TIC propiedad de la empresa es si su utilizaci贸n para fines personales puede resultar una transgresi贸n de la buena fe contractual. En respuesta a esto, las sentencias se debaten entre dos corrientes: la tendencia m谩s estricta estima la autorizaci贸n expresa del empleador como obligatoria; sin embargo, la v铆a m谩s flexible, alude a la existencia 鈥渄e un h谩bito social generalizado de dicha herramienta inform谩tica para fines particulares por parte de los trabajadores que debe ser tolerado por los empresarios, a煤n sin autorizaci贸n expresa (鈥) de acuerdo a las reglas de la buena fe鈥[16].

En este sentido, se hace necesario que la empresa fije unas reglas de uso de los ordenadores para los empleados, advirtiendo sobre el tipo de control y vigilancia que se va a ejercer[17]. Las medidas de control establecidas s贸lo deben comprobar que efectivamente el trabajador cumple con sus tareas y obligaciones laborales, y no deben en ning煤n caso vulnerar el derecho a la intimidad inform谩tica desde el punto de vista de la LOPD[18].

Con el fin de comprobar que los derechos de los trabajadores son respetados en el ejercicio del control empresarial, dichas medidas deber谩n superar el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad a trav茅s del test de la proporcionalidad[19].

Asimismo, si los equipos inform谩ticos son las herramientas de trabajo de los empleados, y estos conocen en qu茅 condiciones pueden usarse y de qu茅 forma el empresario puede ejercer su poder de control, no se hace necesario el consentimiento expreso del trabajador ni la autorizaci贸n judicial para que el empresario registre y adquiera informaci贸n del medio tecnol贸gico, puesto que dicha informaci贸n se considerar铆a en copropiedad de su autor y de la empresa[20].

Sin embargo, si el empresario autoriza expresamente el uso de los ordenadores para un fin particular, aun siendo una herramienta de trabajo, el art铆culo 18.3 CE proteger谩 todas las comunicaciones contenidas en el equipo inform谩tico, incluso las de car谩cter profesional, salvo el consentimiento del trabajador o autorizaci贸n judicial[21].

 


[1] V茅ase la 鈥淓ncuesta sobre el uso de Tecnolog铆as de la Informaci贸n y las Comunicaciones (TIC) y del comercio electr贸nico en las empresas鈥, elaborada por el Instituto Nacional de Estad铆stica, donde se recoge que 鈥渢res de cada cinco empleados usan ordenadores con fines empresariales y m谩s de la mitad de los empleados usa ordenadores con conexi贸n a Internet鈥 y adem谩s, 鈥渆l 49,6% de las empresas con conexi贸n a Internet usan alguno de los medios sociales por motivos de trabajo en el primer trimestre de 2017. De ellas, el 94,4% utilizan redes sociales鈥, seg煤n datos relativos al primer trimestre de 2017. Disponible en: http://www.ine.es/prensa/tic_e_2016_2017.pdf (脷ltima visita:10/07/2018).

[2] V茅ase en este sentido la STSJ de Madrid, de 10 de junio de 2015, donde se acepta un mensaje de WhatsApp como prueba de la extinci贸n del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador.

[3] STC 70/2002, de 3 de abril, fundamento jur铆dico 9.

[4] Art铆culo 11.1 LOPJ: 鈥 En todo tipo de procedimiento se respetar谩n las reglas de la buena fe. No surtir谩n efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.鈥

[5] Art铆culo 90.2 LRJS: 2. 鈥淣o se admitir谩n pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violaci贸n de derechos fundamentales o libertades p煤blicas. Esta cuesti贸n podr谩 ser suscitada por cualquiera de las partes o de oficio por el tribunal en el momento de la proposici贸n de la prueba, salvo que se pusiese de manifiesto durante la pr谩ctica de la prueba una vez admitida. A tal efecto, se oir谩 a las partes y, en su caso, se practicar谩n las diligencias que se puedan practicar en el acto sobre este concreto extremo, recurriendo a diligencias finales solamente cuando sea estrictamente imprescindible y la cuesti贸n aparezca suficientemente fundada. Contra la resoluci贸n que se dicte sobre la pertinencia de la pr谩ctica de la prueba y en su caso de la uni贸n a los autos de su resultado o del elemento material que incorpore la misma, s贸lo cabr谩 recurso de reposici贸n, que se interpondr谩, se dar谩 traslado a las dem谩s partes y se resolver谩 oralmente en el mismo acto del juicio o comparecencia, quedando a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnaci贸n de la prueba il铆cita en el recurso que, en su caso, procediera contra la sentencia.鈥

[6] FERN脕NDEZ ESTEBAN, en su 鈥淓studio de la jurisprudencia constitucional y ordinaria sobre el secreto de las telecomunicaciones entre particulares, en especial en el 谩mbito de la empresa鈥, Revista Aranzadi Doctrinal Civil-Mercantil, n潞3, 2000, p谩g.38.

[7] Seg煤n, RODRIGUEZ LAINZ, J.L., en su ponencia sobre 鈥淎n谩lisis del espectro electromagn茅tico de se帽ales Inal谩mbricas: rastreo de dispositivos wi-fi鈥, 鈥渓a protecci贸n que brinda el art. 18.3 de la CE a cualesquiera comunicaciones es absolutamente independiente de la naturaleza o trascendencia real de la informaci贸n que se transmite a trav茅s de las redes de comunicaciones鈥.

[8] L脫PEZ ORTEGA, J.J., 鈥淟a utilizaci贸n de medios t茅cnicos de observaci贸n鈥 en La protecci贸n jur铆dica de la intimidad (Dir. BOIX REIG; Coord. JARE脩O LEAL), Iustel, Valencia, 2010, p谩g. 267.

[9] V茅ase en este sentido la STC 114/1984, de 29 noviembre. V茅ase tambi茅n la STS de 20 de noviembre de 2014, sobre una trabajadora que graba una conversaci贸n entre ella y su superior, sin consentimiento de este 煤ltimo, mientras se le hace entrega de una carta de despido en la v铆a p煤blica. El Tribunal Supremo resuelve que la grabaci贸n de audio no transgrede la protecci贸n al secreto de las comunicaciones debido a que este s贸lo protege ante la intromisi贸n de terceros ajenos al mensaje, ni vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal del empleador, puesto que el contenido de la conversaci贸n trata, exclusivamente, sobre temas laborales.

[10] Existe una gran relaci贸n de autores, nacionales e internacionales, que utilizan el t茅rmino 鈥渢r谩fico de datos鈥, como RODRIGUEZ LAINZ, BREYER, CAM脫N, etc. V茅ase tambi茅n legislaci贸n al respecto como la Directiva 97/66/CE, 2002/58/CE, el articulo 38 de la Ley General de Telecomunicaciones, el art铆culo 12 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci贸n y de Comercio Electr贸nico, etc.

[11] FR脥GOLS I BRINES, E., 鈥淟a protecci贸n constitucional de los datos de las comunicaciones鈥 en La protecci贸n jur铆dica de la intimidad (Director BOIX REIG, J. y Coord. JARE脩O LEAL, 脕.), Iustel, Valencia, 2010, p谩g. 45.

[12] V茅ase la STEDH, de 2 de agoste de 1984, sobre la captaci贸n de datos de una empresa sobre sus clientes en referencia a n煤meros de marcaci贸n telef贸nica, inicio de las llamadas, duraci贸n, etc.

[13] El art铆culo 20.3 ET, dispone que 鈥渆l empresario podr谩 adoptar las medidas que estime m谩s oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopci贸n y aplicaci贸n la consideraci贸n debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad鈥.

[14] V茅ase la STS de 26 de 2007, que declara que 鈥渆l control del uso del ordenador facilitado al trabajador por el empresario no se regula por el art铆culo 18 del Estatuto de los Trabajadores, sino por el 20.3 del Estatuto de los Trabajadores鈥.

[15] P脡REZ DE LOS COBOR ORIHUEL, F., Nuevas tecnolog铆as y relaci贸n de trabajo, Tirant lo Blanc, Valencia, 1990, p谩gs. 32-33.

[16] APARICIO ALDANA, R.K., Derecho a la intimidad y a la propia imagen en las relaciones jur铆dico laborales, Thomsom Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2016, p谩gs. 96-97; DESDENTADO BONETE, A., expone estas dos tendencias de manera m谩s amplia y detallada en su ponencia 鈥淣uevas tecnolog铆as y las relaciones laborales鈥 presentada en el Foro Aranzadi Social 2012-2013, en Madrid, el 10 de abril de 2013.

[17] STS de 8 de marzo de 2011.

[18] ROQUETA BUJ, R., 鈥淓l derecho a la intimidad de los trabajadores鈥 en La protecci贸n jur铆dica de la intimidad (Director BOIX REIG, J. y Coord. JARE脩O LEAL, 脕.), Iustel, Valencia, 2010, p谩g. 420-422.

[19] V茅ase la STS de 5 de diciembre de 2003.

[20] GO脩I SEIN, J. L., 鈥淰ulneraci贸n de derechos fundamentales en el trabajo mediante instrumentos inform谩ticos, de comunicaci贸n y archivo de datos鈥 en Nuevas tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n y Derecho del Trabajo, Alicante, 2004, p谩gs. 80-81.

[21] GO脩I SEIN, J. L., 鈥淰ulneraci贸n de derechos fundamentales en el trabajo鈥︹, p谩gs. 77-80.


Lunes, 30 de julio de 2018 Sin comentarios

VIDEOVIGILANCIA EN EL 脕MBITO LABORAL


Laura Espinosa Abell谩n.

Becaria del Departamento de Ciencia Jur铆dica de la Universidad Miguel Hern谩ndez de Elche.

 

Introducci贸n: Nuevas tecnolog铆as y videovigilancia:

La aparici贸n de las nuevas tecnolog铆as y su posterior aplicaci贸n al mundo laboral ha supuesto para el empleador un gran aumento de los recursos disponibles para ejercer la vigilancia y control de las actividades de sus empleados[1].

De entre estas herramientas, cobra especial relevancia la videovigilancia, entendida como la grabaci贸n de im谩genes del empleado en su lugar de trabajo, ya sea en tiempo real o no, que tiene como fin controlar aspectos como el absentismo, los horarios de entrada y salida, la seguridad y el desarrollo de la actividad laboral[2].

La facultad de supervisi贸n del empresario reside en el art铆culo 20.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) que formula la posibilidad de adopci贸n de las medidas que este estime oportunas 鈥減ara verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando (鈥) la consideraci贸n debida a su dignidad鈥.

Es importante apuntar que la videovigilancia, no posee una regulaci贸n espec铆fica y, por tanto, ser谩n los Tribunales quienes valoren cada caso atendiendo a sus circunstancias concretas. Sin embargo, como toda herramienta de control empresarial, la grabaci贸n de im谩genes del trabajador tendr谩 como limitaci贸n el respeto a los derechos fundamentales contenidos en el art铆culo 18 de la Constituci贸n Espa帽ola de 1978 (en adelante, CE)[3].

 

La tutela de los derechos fundamentales a la intimidad y a la informaci贸n:

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC), en su sentencia 98/2000, de 10 de abril, fija una serie de condiciones a tener en cuenta para esclarecer si las medidas de videovigilancia implantadas por el empresario respetan o no el derecho a la intimidad comprendido en el art铆culo 18.1 CE[4]. En este sentido, el TC establece como relevante el lugar concreto que registra la c谩mara, la visibilidad u ocultaci贸n del sistema de videograbaci贸n, el objetivo real del registro de im谩genes, el tipo de actividad desarrollada en la empresa, y el conocimiento del empleado y/o sus representantes de la existencia de c谩maras de video[5].

icono-de-la-camara-de-seguridad_1284-4747

Asimismo, la doctrina del TC ven铆a determinando que el derecho a la intimidad no es absoluto, puesto que habr谩 de ponderarse al derecho de direcci贸n del empleador y, por tanto, al derecho a la libertad de empresa[6]; que la medida de control impuesta deber谩 someterse al test de la proporcionalidad, seg煤n el cual, la decisi贸n empresarial debe ser necesaria, id贸nea y, adem谩s, proporcional con el objetivo a conseguir.

En cuanto a los lugares de emplazamiento de los sistemas de grabaci贸n, manifiesta el TC que, a pesar de que ciertos lugares est茅n, en principio, destinados al desempe帽o de la actividad laboral, pueden surgir relaciones sociales entre compa帽eros o con clientes que sean objeto de protecci贸n por encuadrarlas dentro de la vida 铆ntima del individuo[7]. Por otro lado, existen lugares vetados para el uso de sistemas de videograbaci贸n como son los vestuarios, taquillas, ba帽os y zonas destinadas a comedor y/o descanso[8].

En lo relativo a la publicidad del establecimiento de c谩maras en el 谩mbito laboral, expone el apartado 5.f) del art铆culo 64 ET que el empresario deber谩 informar a los representantes de los trabajadores de las decisiones que tome en referencia al control y organizaci贸n del trabajo. Por su parte, el 贸rgano de representaci贸n podr谩 emitir un informe de car谩cter no vinculante manifestando su opini贸n al respecto[9].

Sin embargo, puede resultar necesario omitir dicho deber de informaci贸n en los supuestos en que la instalaci贸n de la videoc谩mara se haga con el fin de constatar la sospecha de un comportamiento contrario a la buena fe contractual del trabajador. Puesto que la publicidad de la medida adoptada podr铆a malograr dicho objetivo.

En este sentido, el incumplimiento del deber de informaci贸n del art铆culo 64.5.f) ET ya mencionado, constituir铆a una transgresi贸n de la buena fe por parte de empleador. Pero no provocar铆a por s铆 s贸lo la nulidad de la decisi贸n de control adoptada por no estar regulado en la normativa laboral, sin perjuicio de la posible sanci贸n administrativa al amparo del art铆culo 7.7 de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, que considera el hecho mencionado como infracci贸n grave al manifestar que 鈥渓a transgresi贸n de los derechos de informaci贸n, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales, en los t茅rminos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos鈥[10].

As铆, la STC 186/2000, de 11 julio sobre el despido a un empleado que trabajada como cajero de un economato y que es grabado sustrayendo dinero de la caja registradora por un sistema oculto de videovigilancia del que no se hab铆a informado al comit茅 de la empresa, resuelve que no existe vulneraci贸n del derecho a la intimidad personal consagrado en el art铆culo 18.1 puesto que la medida de supervisi贸n supera el test de la proporcionalidad y es considerada como justa, puesto que exist铆an sospechas previas sobre el trabajador despedido de posibles hurtos.

Por tanto, el uso de videovigilancia sin informar a trabajadores ni a sus representantes se encuentra tutelado por el derecho a la libertad de empresa del art铆culo 38 CE cuando es necesario adoptar esta medida de manera extraordinaria debido a sospechas de un incumplimiento grave. En caso de no existir indicios, la decisi贸n empresarial de implantar un sistema de grabaci贸n en la empresa deber谩 seguir los cauces normales de publicidad[11].

Hasta hace unos a帽os, la doctrina en relaci贸n a la videovigilancia laboral se centraba en examinar la existencia o no de vulneraci贸n del art铆culo 18.1 CE analizando circunstancias como las anteriormente citadas. Sin embargo, con la importante STC 29/2013, de 11 de febrero, se comienza a abordar el uso de las c谩maras de grabaci贸n desde la perspectiva de la tutela informativa que ampara el apartado cuarto del art铆culo 18 CE y que encuentra su desarrollo en la normativa sobre protecci贸n de datos de car谩cter personal, la LOPD[12].

Las im谩genes grabadas del trabajador se conforman como datos de car谩cter personal en tanto en cuanto resultan 鈥渃ualquier informaci贸n concerniente a personas f铆sicas identificadas o identificables鈥 seg煤n el art铆culo 3.a LOPD. Y, por tanto, la entidad responsable del tratamiento de estos datos deber谩 informar al trabajador del uso que se est谩 haciendo de ellos[13].

En este sentido, se pronunciaba el TC en su sentencia 292/2000, al manifestar que el derecho fundamental del 18.4 CE busca garantizar el control del individuo sobre sus propios datos, en cuanto a su uso y destino con el objetivo de evitar 鈥渟u tr谩fico il铆cito o lesivo para la dignidad y derecho de los afectados鈥.

Por tanto, en este punto podemos observar un claro cambio en la doctrina ya comentada con relaci贸n a la tutela de la intimidad. Pues ahora, la omisi贸n de la informaci贸n sobre la captaci贸n de datos y su finalidad s铆 supone en todo momento la vulneraci贸n del art铆culo 18.4 CE y, en consecuencia, la nulidad de la medida empresarial[14]. Igualmente, se exige que las empresas revelen a qui茅n se graba, qu茅 objetivo tiene y qu茅 uso se le va a dar a tales grabaciones[15].

Conviene a帽adir en este punto que, diversas sentencias vienen estableciendo que la tutela de los derechos fundamentales contenidos en el apartado primero y cuarto del art铆culo 18 CE se deber谩 aplicar atendiendo a tipo de sistema de videovigilancia empleado. Esto es, si es de instalaci贸n fija o m贸vil[16].

Es decir, mientras que cualquier tipo de instalaci贸n se ver铆a tutelada por el derecho a la intimidad. La tutela informativa s贸lo entrar铆a en juego en caso de instalaciones fijas puesto que estas, por su duraci贸n en el tiempo, deben de almacenarse en un archivo de datos que estar铆a sujeto tambi茅n a la LOPD[17].

 

Conclusiones:

  • La medida de control que adopte el empresario deber谩 someterse al test de la proporcionalidad.
  • Las im谩genes del trabajador se configuran como datos de car谩cter personal.
  • El empresario deber谩 informar a los empleados o sus representantes de sus decisiones en relaci贸n al control de la actividad. Sin embargo, existe la posibilidad de omitir este deber en caso de que la videoc谩mara sea instalada con el fin de constatar el incumplimiento laboral de un empleado, ante una sospecha previa.
  • En cuanto al uso de c谩maras de grabaci贸n en el trabajo, habr谩 que atender a si la medida de control adoptada se configura como 鈥渙rdinaria鈥 o 鈥渆xtraordinaria鈥.
  • Adem谩s, ser谩 necesario distinguir entre las instalaciones de videograbaci贸n fijas y las m贸viles. Puesto que, en el caso de los sistemas fijos, entrar谩 en juego la tutela del derecho fundamental a la intimidad junto con la LOPD, mientras q en supuestos de instalaciones m贸viles, habr谩 que respetar el derecho a la intimidad del art铆culo 18.1 CE.

 


[1] 聽V茅ase la entrada sobre videovigilancia en las Gu铆as Jur铆dicas de Wolters Kluwer donde se afirma que 鈥渙tro 谩mbito de aplicaci贸n con asiduidad de las c谩maras de vigilancia lo est谩 siendo el orden laboral en donde, con la finalidad de controlar la actividad laboral鈥︹. Disponible en: https://bit.ly/2xFVEIp (煤ltima visita 26/05/2018).

[2] La videovigilancia puede llevarse a cabo a trav茅s de circuitos cerrados de televisi贸n, c谩maras web conectadas a un ordenador o c谩maras IP que pueden observarse desde cualquier dispositivo a trav茅s de una red Ethernet o Internet.

[3] Seg煤n ARRABAL PALTERO, P., en su art铆culo 鈥淟a videovigilancia laboral como prueba en el proceso鈥, Revista General de Derecho Procesal, IUSTEL, n潞 37, 2015, los trabajadores 鈥減ese a estar realizando una actividad laboral para un tercero, en unas instalaciones de un tercero, mantienen todos sus derechos鈥.

[4] Expresa la STC 292/2000, de 30 de noviembre, que el derecho fundamental a la intimidad protege 鈥渇rente a cualquier invasi贸n en aquel 谩mbito de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros contra su voluntad鈥.

[5] V茅ase la STC 186/2000 de 11 de julio, que declara constitucional la instalaci贸n de un circuito cerrado de televisi贸n para la vigilancia de la actividad laboral de un trabajador que no es informado de ello y que se considera una medida justificada por el miedo a que dicha informaci贸n no permitiese verificar las sospechas del empresario.

[6] Dicen las SSTC 57/1994 y 143/1994 que 鈥渆l derecho a la intimidad no es absoluto, al igual que ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aqu茅l haya de experimentar se releve como necesario para lograr el fin leg铆timo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho鈥.

[7] En este sentido, la STC 98/2000, de 10 de abril declara vulnerado el derecho a la intimidad de los trabajadores al establecer sistemas de audio como medida de control complementando la grabaci贸n de im谩genes ya existente en la empresa y se declara nula la decisi贸n empresarial de registrar las conversaciones.

[8] V茅ase la Gu铆a de Videovigilancia, publicada por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, p.35. Disponible en: https://www.prevent.es/Documentacion/guia_videovigilancia.pdf (煤ltima visita 28/05/2018).

[9] SEMPERE NAVARRO A. y SAN MART脥N MAZZUCONNI C., 鈥淣uevas tecnolog铆as y relaciones laborales鈥, Revista Aranzadi Social, n潞 5, 2002.

[10] APARICIO ALDANA, R. K., Derecho a la Intimidad y a la Propia Imagen en las Relaciones Jur铆dico Laborales, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2016, p. 152.

[11] APARICIO ALDANA, R. K., Derecho a la Intimidad鈥 , Op. Cit., p. 150.

[12] El apartado cuarto del art铆culo 18 CE expresa que 鈥淟a ley limitar谩 el uso de la inform谩tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos鈥.

[13]聽V茅ase la STC 292/2000, de 30 de noviembre que manifiesta que 鈥渆l contenido del derecho fundamental a la protecci贸n de datos consiste en un poder de disposici贸n y control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cu谩les de esos datos proporcionar a un tercero鈥.

[14] En el mismo sentido, la STS 2618/2014 de 13 de mayo declara improcedente el despido disciplinario de una cajera que fue grabada dejando productos sin escanear cuando su pareja realizaba la compra en el mismo establecimiento. El hacho fue captado por un sistema de grabaci贸n del que no se inform贸 a la trabajadora ni sus representantes.

[15] ARRABAL PALTERO, P., 鈥淟a videovigilancia laboral鈥 Op. Cit. p.3.

[16] Destacan en este aspecto la STSJ de Catalu帽a de 11 de octubre de 2013 y la STSJ de Valencia de 18 de noviembre de 2014 que consideran constitucional la videovigilancia sin informar previamente a los trabajadores ni a sus representantes puesto que la medida es temporal y, por tanto, no debe entrar aqu铆 la tutela informativa del art铆culo 18.4 CE.

[17] DOCTOR S脕NCHEZ-MIGALL脫N, R., 鈥淟a vigilancia de la actividad del trabajador mediante videoc谩maras y circuitos cerrados de televisi贸n鈥, Revista IUSLabor, n煤m. 3/2014. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/download/283933/372905 (煤ltima visita 30/05/2018)


Lunes, 18 de junio de 2018 Sin comentarios

LA PRUEBA OBTENIDA POR DETECTIVES


Laura Espinosa Abell谩n.

Becaria del Departamento de Ciencia Jur铆dica de la Universidad Miguel Hern谩ndez de Elche.

 

Introducci贸n:

Los detectives privados se han convertido en una figura muy interesante dentro del proceso judicial, y m谩s concretamente en el 谩mbito laboral, puesto que supone una herramienta muy 煤til para el empresario que busca controlar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de sus trabajadores[1].
spy-tools-for-affiliate-marketing
Las 煤ltimas estad铆sticas recogidas sobre personal de seguridad privada muestran que, a 31 de diciembre de 2016,constaban como profesionales habilitados 4092 detectives privados en toda Espa帽a, lo que supone un aumento del 7,91% respecto del 2015[2].

Cabe se帽alar que el crecimiento de detectives privados discurre de manera paralela a la intensificaci贸n del absentismo laboral y de las llamadas 鈥渂ajas fraudulentas鈥 que tiene lugar a帽o tras a帽o desde 2013[3].

Es precisamente la sospecha sobre estas 鈥渂ajas fingidas鈥 uno de los motivos m谩s comunes que originan las investigaciones privadas en materia laboral, junto con otras causas como la realizaci贸n de informes previos a la contrataci贸n, la obtenci贸n de pruebas que susciten y demuestren un despido disciplinario, y el control sobre el uso del cr茅dito horario del que disfrutan los representantes de los trabajadores[4].

 

R茅gimen Jur铆dico:

En Espa帽a, la investigaci贸n privada est谩 regulada por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (en adelante, LSP), cuyo desarrollo se establece en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (en adelante, RSP).

La LSP es una norma de car谩cter 鈥渆xtralaboral鈥 que tiene como fin normalizar tanto la actividad investigadora de los despachos de detectives, como la funci贸n de vigilancia y prevenci贸n de las empresas de seguridad.

Las disposiciones de la LSP han de ser, como apunta su pre谩mbulo, compatibles con 鈥渃on una serie de prevenciones indispensables para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente los del art铆culo 18 de la Constituci贸n Espa帽ola鈥. Esto es, la LSP debe garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; el secreto de las comunicaciones, considerando especialmente las postales y telef贸nicas; y, por 煤ltimo, se limitar谩 el uso de la inform谩tica con el prop贸sito de salvaguardar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Por todo ello, la actividad desarrollada por el detective privado se encuentra en constante relaci贸n con la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal (en adelante, LOPD) y con la Ley Org谩nica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protecci贸n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

 

Poder empresarial a trav茅s de la investigaci贸n privada:

Bajo el amparo del poder de direcci贸n y control de la actividad laboral que establece el art铆culo 20 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET)[5], el empleador podr谩 contratar los servicios de un detective privado cuando lo estime oportuno y sin necesidad de existir sospecha alguna sobre un trabajador, siempre que no contravenga los l铆mites que fija el art铆culo 4.2.e) de esta misma ley sobre el respeto de su intimidad y la consideraci贸n de su dignidad[6].

Ello, no obstante, no debe constituir un uso abusivo del poder de control empresarial, puesto que ser谩 necesario contar con un inter茅s leg铆timo que fundamente el empleo de la investigaci贸n privada, como es la protecci贸n del r茅dito del empresario[7].

Esto tambi茅n parece indicar que, en caso de que la vigilancia sea ejercida por profesionales externos, no ser谩 necesario el previo aviso al empleado o a sus representantes, incluso si los hechos investigados conciernen a su vida privada no pudiendo, en ning煤n caso, inmiscuirse en la intimidad del trabajador[8].

Es en este punto donde la jurisprudencia adquiere especial inter茅s dado que las sentencias no siempre van en la misma direcci贸n y por ello, es necesario someter el control empresarial a una serie de criterios para valorar correctamente la validez de dicha facultad del empleador. Estas pautas a seguir son las contenidas en el llamado 鈥渢est de la proporcionalidad鈥 que supone valorar las pruebas en cuanto a su proporcionalidad, idoneidad y necesidad[9].

Destaca en algunas resoluciones judiciales sobre la inadmisibilidad de fotograf铆as del interior del domicilio, frente a la valoraci贸n del testimonio del detective que ha podido observar el comportamiento del investigado desde un lugar p煤blico pues no se puede violar el derecho a la intimidad si el individuo en cuesti贸n desarrolla una conducta a la vista de todos[10].

 

El l铆mite de la intimidad:

Seg煤n los art铆culos 101.1.a) y 102.1 del RSP, los detectives privados pueden obtener informaci贸n y pruebas sobre hechos y conductas privadas[11], no pudiendo ser contratados para investigar posibles delitos que puedan ser perseguidos de oficio. Si bien, en la pr谩ctica s铆 se lleva a cabo en supuestos perseguibles de oficio como las 鈥渂ajas fingidas鈥. De acuerdo con esto, el RSP recoge el deber de colaboraci贸n e informaci贸n de los detectives con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Como ya se ha venido apuntando durante todo el texto, el derecho a la intimidad del trabajador supone un l铆mite b谩sico a la actividad del detective y, en definitiva, del poder de control y vigilancia empresarial. Por ello, resulta fundamental comprender que existen diferencias en nuestro ordenamiento jur铆dico en lo que se refiere a las nociones de 鈥減rivacidad鈥 e 鈥渋ntimidad鈥.

En relaci贸n con la delimitaci贸n de la intimidad, existe jurisprudencia m谩s o menos restrictiva debido a que no es nada f谩cil establecer una l铆nea divisoria que establezca hasta d贸nde termina la privacidad, donde comienza la intimidad de la persona[12].

Con todo, la intimidad posee un car谩cter m谩s restringido, y alude a las 鈥渇acetas m谩s singularmente reservadas de la vida de la persona鈥 como el domicilio habitual y las comunicaciones privadas[13]. Se trata del 鈥渘煤cleo central de la personalidad鈥 que debe quedar excluido de todo conocimiento ajeno[14].

Advi茅rtase que la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social (en adelante, LRJS) y la LSP exponen que 鈥渓as partes, previa justificaci贸n de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podr谩n servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba鈥 no admiti茅ndose 鈥減ruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violaci贸n de derechos fundamentales o libertades p煤blicas鈥[15]. La LSP se manifiesta en la misma direcci贸n cuando expresa, en su art铆culo 10.1.d que, quedan prohibidas las 鈥渕edidas o medios personales, materiales o t茅cnicos de forma tal que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones鈥.

Por tanto, vulnerar la intimidad significa vulnerar un derecho fundamental y por ello, constituir谩 una prueba il铆cita cuando afecta a la privacidad.

 

Pruebas obtenidas por detectives privados:

Un ejemplo com煤n de un proceso laboral en el que median pruebas obtenidas por un detective obedece a una estructura donde el trabajador se configura como el actor que impugna un despido motivado por una investigaci贸n privada y que trata de invalidar los indicios o pruebas en su contra.

La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) en su art铆culo 299 identifica los diferentes medios de prueba[16] siendo estos el interrogatorio de las partes, el interrogatorio de testigos, los documentos p煤blicos y privados, el dictamen de peritos y el reconocimiento judicial.

Asimismo, el apartado 2 del citado art铆culo tambi茅n determina como medios de prueba los medios de reproducci贸n de la palabra, el sonido y la imagen, as铆 como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matem谩ticas relevantes para el proceso. En este sentido, tambi茅n se pronuncia el art铆culo 90.1 de la LRJS aludiendo a los mismo medios.

Se infiere de todo ello que los detectives pueden intervenir de varios modos dentro del proceso judicial. Por un lado, aportando el preceptivo informe como prueba documental, y por otro, como testigo de los hechos que no han podido ser acreditados mediante fotograf铆as o videos[17].

Dicho informe contendr谩 un relato exhaustivo de las indagaciones efectuadas, as铆 como elementos probatorios que sustenten el relato de los hechos. Adem谩s, en caso de que existan acontecimientos en el informe que no hayan podido ser documentados de manera objetiva, como ya se ha mencionado anteriormente, el detective podr谩 servir como testigo de estos. Su testimonio, gozar谩 de un valor especial debido a su profesi贸n[18].

Tambi茅n la jurisprudencia se ha pronunciado sobre el papel del detective en sede judicial, reiterando que este, a pesar de ser un experto de la investigaci贸n privada, no posee un conocimiento a nivel t茅cnico en materias que puedan resultar de gran importancia sobre el dictamen judicial ni posee su informe un car谩cter cient铆fico, por lo que no podr谩 actuar en ning煤n caso como un perito judicial[19]. Sin perjuicio, no obstante, de que pueda darse la circunstancia de que confluyan en una misma persona, las profesiones de perito judicial y detective privado.

 


[1] V茅ase la STS de 6 de noviembre de 1990 que expresa, sobre los detectives privados, la 鈥渉abitual utilizaci贸n y, en ocasiones, instrumento dotado de exclusividad para el eficaz control por el empresario del exacto cumplimiento de los deberes exigibles al trabajador鈥.

[2] V茅ase la tabla 3-7-3 en el 鈥淎nuario y Estad铆sticas. Habilitaciones de personal de Seguridad Privada鈥, Ministerio del Interior, Gobierno de Espa帽a. Disponible en: http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/seguridad-privada3 (脷ltima visita 16/04/2018).

[3] V茅ase el VI Informe Adecco sobre el absentismo, publicado por The Adecco Group, pp. 40, 41 y 46. Disponible en: https://adecco.es/wp-content/uploads/2017/11/VI-Informe-de-Absentismo.pdf (脷ltima visita 05/05/2018).

[4] V茅ase el post de FERN脕NDEZ GARC脥A, A., 鈥淐ontrataci贸n de detectives privados para investigaciones laborales鈥. Disponible en: https://aflabor.wordpress.com/2015/02/02/contratacion-de-detectives-privados-para-investigaciones-laborales/ (脷ltima visita: 10/04/2018).

[5] El apartado 3 del art铆culo 20 ET dispone que 鈥渆l empresario podr谩 adoptar las medidas que estime m谩s oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopci贸n y aplicaci贸n la consideraci贸n debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad鈥.

[6] V茅ase la STS de 6 noviembre de 1990 donde se establece que los l铆mites legales al poder empresarial no impiden el control y vigilancia de los trabajadores mediante detectives privados.

[7] D脥AZ RODR脥GUEZ, J.M., Detectives y vigilantes privados en el 谩mbito laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p.74.

[8] D脥AZ RODR脥GUEZ, J.M., Detectives y vigilantes privados en el 谩mbito laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p.76, afirma que no es necesario informar a los representantes de los trabajadores de la existencia de detectives como medio de vigilancia ya que el art铆culo 64.5.f) ET expresa que el Comit茅 de Empresa debe ser informado de 鈥渓a implantaci贸n y revisi贸n de sistemas de organizaci贸n y control del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoraci贸n de puestos de trabajo鈥.

[9] V茅ase la ponencia 鈥淟os problemas laborales en el uso de las nuevas tecnolog铆as鈥 a cargo de SEMPERE NAVARRO, A. V. Disponible en: https://youtu.be/2Rap9GSbzVk

[10] V茅ase la STC 283/2000, del 27 de noviembre de 2000, que admite el testimonio de un detective que observa desde la calle como el trabajador en situaci贸n de IT realiza tareas incompatibles con su dolencia. Las fotograf铆as que prueban dichas actividades son consideradas prueba il铆cita por vulnerar el derecho a la intimidad del trabajador puesto que est谩n tomadas en su jard铆n. En el mismo sentido se pronuncian la STSJ de Madrid 603/2013 de 5 de julio, y la STSJ de Arag贸n del 12 de mayo de 2013 que versan sobre el despido disciplinario motivado por las pruebas en video de un detective que graba al empleado en la calle realizando actividades contrarias a su estado de salud.

[11] Seg煤n el art铆culo 101.2 RSP, 鈥渟e considerar谩n conductas o hechos privados los que afecten al 谩mbito econ贸mico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados鈥.

[12] V茅ase la STSJ de Canarias 97/2011, de 3 de marzo que estima procedente el despido por la prueba de un detective privado (obtenida en el 谩mbito de la vida privada del trabajador) que corrobora la transgresi贸n de la buena fe contractual cometida por un empleado para cobrar una indemnizaci贸n por parte del empresario con el fin de costear un alquiler. Tambi茅n en este sentido, la STSJ de Valencia 567/2012 sobre un trabajador presenta gastos de manutenci贸n por comer fuera de casa. Sin embargo, la empresa contrata una agencia de detectives que realiza un seguimiento durante 10 d铆as, y prueba que el trabajador come en su casa; y la STS de 8 de abril de 2010 sobre una trabajadora embarazada que, encontr谩ndose en situaci贸n IT, que ayuda a su pareja en la apertura de un establecimiento comercial, limpiando y realizando tareas incompatibles con su dolencia, hechos que un detective capta y plasma en su informe.

[13] V茅ase el apartado 1 de la exposici贸n de motivos de la Ley Org谩nica 5/1992, de 29 de octubre, de regulaci贸n del tratamiento automatizado de los datos de car谩cter personal derogada por la LOPD.

[14] V茅ase la STC 231/1988, de 2 de diciembre que delimita el derecho a la intimidad del individuo.

[15] Art铆culo 90 LRJS sobre la admisibilidad de los medios de prueba.

[16] La LEC tiene el car谩cter de supletoria para otros 贸rdenes jurisdiccionales.

[17] V茅ase la STS de 6 noviembre 1990 que expresa que 鈥渆l informe del detective privado no constituye, sin embargo, modalidad fedataria alguna susceptible de conformar una prueba documental de garant铆a p煤blica (鈥) dicha prueba no merece sino el calificativo de testifical鈥.

[18] Seg煤n la STS de 6 de noviembre de 1990, el testimonio del detective cuenta 鈥 con un valor especial por la garant铆a de profesionalidad y por la continuada dedicaci贸n al objeto del ulterior testimonio a emitir鈥.

[19] As铆 se recoge en sentencias como la STS de 2 de octubre de 1989, y la STSJ de Andaluc铆a 912/2010 de 17 de marzo.


Categories: blog Tags: , , ,

Martes, 15 de mayo de 2018 Sin comentarios