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VIDEOVIGILANCIA EN EL 脕MBITO LABORAL


Laura Espinosa Abell谩n.

Becaria del Departamento de Ciencia Jur铆dica de la Universidad Miguel Hern谩ndez de Elche.

 

Introducci贸n: Nuevas tecnolog铆as y videovigilancia:

La aparici贸n de las nuevas tecnolog铆as y su posterior aplicaci贸n al mundo laboral ha supuesto para el empleador un gran aumento de los recursos disponibles para ejercer la vigilancia y control de las actividades de sus empleados[1].

De entre estas herramientas, cobra especial relevancia la videovigilancia, entendida como la grabaci贸n de im谩genes del empleado en su lugar de trabajo, ya sea en tiempo real o no, que tiene como fin controlar aspectos como el absentismo, los horarios de entrada y salida, la seguridad y el desarrollo de la actividad laboral[2].

La facultad de supervisi贸n del empresario reside en el art铆culo 20.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) que formula la posibilidad de adopci贸n de las medidas que este estime oportunas 鈥減ara verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando (鈥) la consideraci贸n debida a su dignidad鈥.

Es importante apuntar que la videovigilancia, no posee una regulaci贸n espec铆fica y, por tanto, ser谩n los Tribunales quienes valoren cada caso atendiendo a sus circunstancias concretas. Sin embargo, como toda herramienta de control empresarial, la grabaci贸n de im谩genes del trabajador tendr谩 como limitaci贸n el respeto a los derechos fundamentales contenidos en el art铆culo 18 de la Constituci贸n Espa帽ola de 1978 (en adelante, CE)[3].

 

La tutela de los derechos fundamentales a la intimidad y a la informaci贸n:

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC), en su sentencia 98/2000, de 10 de abril, fija una serie de condiciones a tener en cuenta para esclarecer si las medidas de videovigilancia implantadas por el empresario respetan o no el derecho a la intimidad comprendido en el art铆culo 18.1 CE[4]. En este sentido, el TC establece como relevante el lugar concreto que registra la c谩mara, la visibilidad u ocultaci贸n del sistema de videograbaci贸n, el objetivo real del registro de im谩genes, el tipo de actividad desarrollada en la empresa, y el conocimiento del empleado y/o sus representantes de la existencia de c谩maras de video[5].

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Asimismo, la doctrina del TC ven铆a determinando que el derecho a la intimidad no es absoluto, puesto que habr谩 de ponderarse al derecho de direcci贸n del empleador y, por tanto, al derecho a la libertad de empresa[6]; que la medida de control impuesta deber谩 someterse al test de la proporcionalidad, seg煤n el cual, la decisi贸n empresarial debe ser necesaria, id贸nea y, adem谩s, proporcional con el objetivo a conseguir.

En cuanto a los lugares de emplazamiento de los sistemas de grabaci贸n, manifiesta el TC que, a pesar de que ciertos lugares est茅n, en principio, destinados al desempe帽o de la actividad laboral, pueden surgir relaciones sociales entre compa帽eros o con clientes que sean objeto de protecci贸n por encuadrarlas dentro de la vida 铆ntima del individuo[7]. Por otro lado, existen lugares vetados para el uso de sistemas de videograbaci贸n como son los vestuarios, taquillas, ba帽os y zonas destinadas a comedor y/o descanso[8].

En lo relativo a la publicidad del establecimiento de c谩maras en el 谩mbito laboral, expone el apartado 5.f) del art铆culo 64 ET que el empresario deber谩 informar a los representantes de los trabajadores de las decisiones que tome en referencia al control y organizaci贸n del trabajo. Por su parte, el 贸rgano de representaci贸n podr谩 emitir un informe de car谩cter no vinculante manifestando su opini贸n al respecto[9].

Sin embargo, puede resultar necesario omitir dicho deber de informaci贸n en los supuestos en que la instalaci贸n de la videoc谩mara se haga con el fin de constatar la sospecha de un comportamiento contrario a la buena fe contractual del trabajador. Puesto que la publicidad de la medida adoptada podr铆a malograr dicho objetivo.

En este sentido, el incumplimiento del deber de informaci贸n del art铆culo 64.5.f) ET ya mencionado, constituir铆a una transgresi贸n de la buena fe por parte de empleador. Pero no provocar铆a por s铆 s贸lo la nulidad de la decisi贸n de control adoptada por no estar regulado en la normativa laboral, sin perjuicio de la posible sanci贸n administrativa al amparo del art铆culo 7.7 de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, que considera el hecho mencionado como infracci贸n grave al manifestar que 鈥渓a transgresi贸n de los derechos de informaci贸n, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales, en los t茅rminos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos鈥[10].

As铆, la STC 186/2000, de 11 julio sobre el despido a un empleado que trabajada como cajero de un economato y que es grabado sustrayendo dinero de la caja registradora por un sistema oculto de videovigilancia del que no se hab铆a informado al comit茅 de la empresa, resuelve que no existe vulneraci贸n del derecho a la intimidad personal consagrado en el art铆culo 18.1 puesto que la medida de supervisi贸n supera el test de la proporcionalidad y es considerada como justa, puesto que exist铆an sospechas previas sobre el trabajador despedido de posibles hurtos.

Por tanto, el uso de videovigilancia sin informar a trabajadores ni a sus representantes se encuentra tutelado por el derecho a la libertad de empresa del art铆culo 38 CE cuando es necesario adoptar esta medida de manera extraordinaria debido a sospechas de un incumplimiento grave. En caso de no existir indicios, la decisi贸n empresarial de implantar un sistema de grabaci贸n en la empresa deber谩 seguir los cauces normales de publicidad[11].

Hasta hace unos a帽os, la doctrina en relaci贸n a la videovigilancia laboral se centraba en examinar la existencia o no de vulneraci贸n del art铆culo 18.1 CE analizando circunstancias como las anteriormente citadas. Sin embargo, con la importante STC 29/2013, de 11 de febrero, se comienza a abordar el uso de las c谩maras de grabaci贸n desde la perspectiva de la tutela informativa que ampara el apartado cuarto del art铆culo 18 CE y que encuentra su desarrollo en la normativa sobre protecci贸n de datos de car谩cter personal, la LOPD[12].

Las im谩genes grabadas del trabajador se conforman como datos de car谩cter personal en tanto en cuanto resultan 鈥渃ualquier informaci贸n concerniente a personas f铆sicas identificadas o identificables鈥 seg煤n el art铆culo 3.a LOPD. Y, por tanto, la entidad responsable del tratamiento de estos datos deber谩 informar al trabajador del uso que se est谩 haciendo de ellos[13].

En este sentido, se pronunciaba el TC en su sentencia 292/2000, al manifestar que el derecho fundamental del 18.4 CE busca garantizar el control del individuo sobre sus propios datos, en cuanto a su uso y destino con el objetivo de evitar 鈥渟u tr谩fico il铆cito o lesivo para la dignidad y derecho de los afectados鈥.

Por tanto, en este punto podemos observar un claro cambio en la doctrina ya comentada con relaci贸n a la tutela de la intimidad. Pues ahora, la omisi贸n de la informaci贸n sobre la captaci贸n de datos y su finalidad s铆 supone en todo momento la vulneraci贸n del art铆culo 18.4 CE y, en consecuencia, la nulidad de la medida empresarial[14]. Igualmente, se exige que las empresas revelen a qui茅n se graba, qu茅 objetivo tiene y qu茅 uso se le va a dar a tales grabaciones[15].

Conviene a帽adir en este punto que, diversas sentencias vienen estableciendo que la tutela de los derechos fundamentales contenidos en el apartado primero y cuarto del art铆culo 18 CE se deber谩 aplicar atendiendo a tipo de sistema de videovigilancia empleado. Esto es, si es de instalaci贸n fija o m贸vil[16].

Es decir, mientras que cualquier tipo de instalaci贸n se ver铆a tutelada por el derecho a la intimidad. La tutela informativa s贸lo entrar铆a en juego en caso de instalaciones fijas puesto que estas, por su duraci贸n en el tiempo, deben de almacenarse en un archivo de datos que estar铆a sujeto tambi茅n a la LOPD[17].

 

Conclusiones:

  • La medida de control que adopte el empresario deber谩 someterse al test de la proporcionalidad.
  • Las im谩genes del trabajador se configuran como datos de car谩cter personal.
  • El empresario deber谩 informar a los empleados o sus representantes de sus decisiones en relaci贸n al control de la actividad. Sin embargo, existe la posibilidad de omitir este deber en caso de que la videoc谩mara sea instalada con el fin de constatar el incumplimiento laboral de un empleado, ante una sospecha previa.
  • En cuanto al uso de c谩maras de grabaci贸n en el trabajo, habr谩 que atender a si la medida de control adoptada se configura como 鈥渙rdinaria鈥 o 鈥渆xtraordinaria鈥.
  • Adem谩s, ser谩 necesario distinguir entre las instalaciones de videograbaci贸n fijas y las m贸viles. Puesto que, en el caso de los sistemas fijos, entrar谩 en juego la tutela del derecho fundamental a la intimidad junto con la LOPD, mientras q en supuestos de instalaciones m贸viles, habr谩 que respetar el derecho a la intimidad del art铆culo 18.1 CE.

 


[1] 聽V茅ase la entrada sobre videovigilancia en las Gu铆as Jur铆dicas de Wolters Kluwer donde se afirma que 鈥渙tro 谩mbito de aplicaci贸n con asiduidad de las c谩maras de vigilancia lo est谩 siendo el orden laboral en donde, con la finalidad de controlar la actividad laboral鈥︹. Disponible en: https://bit.ly/2xFVEIp (煤ltima visita 26/05/2018).

[2] La videovigilancia puede llevarse a cabo a trav茅s de circuitos cerrados de televisi贸n, c谩maras web conectadas a un ordenador o c谩maras IP que pueden observarse desde cualquier dispositivo a trav茅s de una red Ethernet o Internet.

[3] Seg煤n ARRABAL PALTERO, P., en su art铆culo 鈥淟a videovigilancia laboral como prueba en el proceso鈥, Revista General de Derecho Procesal, IUSTEL, n潞 37, 2015, los trabajadores 鈥減ese a estar realizando una actividad laboral para un tercero, en unas instalaciones de un tercero, mantienen todos sus derechos鈥.

[4] Expresa la STC 292/2000, de 30 de noviembre, que el derecho fundamental a la intimidad protege 鈥渇rente a cualquier invasi贸n en aquel 谩mbito de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros contra su voluntad鈥.

[5] V茅ase la STC 186/2000 de 11 de julio, que declara constitucional la instalaci贸n de un circuito cerrado de televisi贸n para la vigilancia de la actividad laboral de un trabajador que no es informado de ello y que se considera una medida justificada por el miedo a que dicha informaci贸n no permitiese verificar las sospechas del empresario.

[6] Dicen las SSTC 57/1994 y 143/1994 que 鈥渆l derecho a la intimidad no es absoluto, al igual que ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aqu茅l haya de experimentar se releve como necesario para lograr el fin leg铆timo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho鈥.

[7] En este sentido, la STC 98/2000, de 10 de abril declara vulnerado el derecho a la intimidad de los trabajadores al establecer sistemas de audio como medida de control complementando la grabaci贸n de im谩genes ya existente en la empresa y se declara nula la decisi贸n empresarial de registrar las conversaciones.

[8] V茅ase la Gu铆a de Videovigilancia, publicada por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, p.35. Disponible en: https://www.prevent.es/Documentacion/guia_videovigilancia.pdf (煤ltima visita 28/05/2018).

[9] SEMPERE NAVARRO A. y SAN MART脥N MAZZUCONNI C., 鈥淣uevas tecnolog铆as y relaciones laborales鈥, Revista Aranzadi Social, n潞 5, 2002.

[10] APARICIO ALDANA, R. K., Derecho a la Intimidad y a la Propia Imagen en las Relaciones Jur铆dico Laborales, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2016, p. 152.

[11] APARICIO ALDANA, R. K., Derecho a la Intimidad鈥 , Op. Cit., p. 150.

[12] El apartado cuarto del art铆culo 18 CE expresa que 鈥淟a ley limitar谩 el uso de la inform谩tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos鈥.

[13]聽V茅ase la STC 292/2000, de 30 de noviembre que manifiesta que 鈥渆l contenido del derecho fundamental a la protecci贸n de datos consiste en un poder de disposici贸n y control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cu谩les de esos datos proporcionar a un tercero鈥.

[14] En el mismo sentido, la STS 2618/2014 de 13 de mayo declara improcedente el despido disciplinario de una cajera que fue grabada dejando productos sin escanear cuando su pareja realizaba la compra en el mismo establecimiento. El hacho fue captado por un sistema de grabaci贸n del que no se inform贸 a la trabajadora ni sus representantes.

[15] ARRABAL PALTERO, P., 鈥淟a videovigilancia laboral鈥 Op. Cit. p.3.

[16] Destacan en este aspecto la STSJ de Catalu帽a de 11 de octubre de 2013 y la STSJ de Valencia de 18 de noviembre de 2014 que consideran constitucional la videovigilancia sin informar previamente a los trabajadores ni a sus representantes puesto que la medida es temporal y, por tanto, no debe entrar aqu铆 la tutela informativa del art铆culo 18.4 CE.

[17] DOCTOR S脕NCHEZ-MIGALL脫N, R., 鈥淟a vigilancia de la actividad del trabajador mediante videoc谩maras y circuitos cerrados de televisi贸n鈥, Revista IUSLabor, n煤m. 3/2014. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/download/283933/372905 (煤ltima visita 30/05/2018)


Lunes, 18 de junio de 2018 Sin comentarios

LA PRUEBA OBTENIDA POR DETECTIVES


Laura Espinosa Abell谩n.

Becaria del Departamento de Ciencia Jur铆dica de la Universidad Miguel Hern谩ndez de Elche.

 

Introducci贸n:

Los detectives privados se han convertido en una figura muy interesante dentro del proceso judicial, y m谩s concretamente en el 谩mbito laboral, puesto que supone una herramienta muy 煤til para el empresario que busca controlar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de sus trabajadores[1].
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Las 煤ltimas estad铆sticas recogidas sobre personal de seguridad privada muestran que, a 31 de diciembre de 2016,constaban como profesionales habilitados 4092 detectives privados en toda Espa帽a, lo que supone un aumento del 7,91% respecto del 2015[2].

Cabe se帽alar que el crecimiento de detectives privados discurre de manera paralela a la intensificaci贸n del absentismo laboral y de las llamadas 鈥渂ajas fraudulentas鈥 que tiene lugar a帽o tras a帽o desde 2013[3].

Es precisamente la sospecha sobre estas 鈥渂ajas fingidas鈥 uno de los motivos m谩s comunes que originan las investigaciones privadas en materia laboral, junto con otras causas como la realizaci贸n de informes previos a la contrataci贸n, la obtenci贸n de pruebas que susciten y demuestren un despido disciplinario, y el control sobre el uso del cr茅dito horario del que disfrutan los representantes de los trabajadores[4].

 

R茅gimen Jur铆dico:

En Espa帽a, la investigaci贸n privada est谩 regulada por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (en adelante, LSP), cuyo desarrollo se establece en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (en adelante, RSP).

La LSP es una norma de car谩cter 鈥渆xtralaboral鈥 que tiene como fin normalizar tanto la actividad investigadora de los despachos de detectives, como la funci贸n de vigilancia y prevenci贸n de las empresas de seguridad.

Las disposiciones de la LSP han de ser, como apunta su pre谩mbulo, compatibles con 鈥渃on una serie de prevenciones indispensables para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente los del art铆culo 18 de la Constituci贸n Espa帽ola鈥. Esto es, la LSP debe garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; el secreto de las comunicaciones, considerando especialmente las postales y telef贸nicas; y, por 煤ltimo, se limitar谩 el uso de la inform谩tica con el prop贸sito de salvaguardar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Por todo ello, la actividad desarrollada por el detective privado se encuentra en constante relaci贸n con la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal (en adelante, LOPD) y con la Ley Org谩nica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protecci贸n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

 

Poder empresarial a trav茅s de la investigaci贸n privada:

Bajo el amparo del poder de direcci贸n y control de la actividad laboral que establece el art铆culo 20 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET)[5], el empleador podr谩 contratar los servicios de un detective privado cuando lo estime oportuno y sin necesidad de existir sospecha alguna sobre un trabajador, siempre que no contravenga los l铆mites que fija el art铆culo 4.2.e) de esta misma ley sobre el respeto de su intimidad y la consideraci贸n de su dignidad[6].

Ello, no obstante, no debe constituir un uso abusivo del poder de control empresarial, puesto que ser谩 necesario contar con un inter茅s leg铆timo que fundamente el empleo de la investigaci贸n privada, como es la protecci贸n del r茅dito del empresario[7].

Esto tambi茅n parece indicar que, en caso de que la vigilancia sea ejercida por profesionales externos, no ser谩 necesario el previo aviso al empleado o a sus representantes, incluso si los hechos investigados conciernen a su vida privada no pudiendo, en ning煤n caso, inmiscuirse en la intimidad del trabajador[8].

Es en este punto donde la jurisprudencia adquiere especial inter茅s dado que las sentencias no siempre van en la misma direcci贸n y por ello, es necesario someter el control empresarial a una serie de criterios para valorar correctamente la validez de dicha facultad del empleador. Estas pautas a seguir son las contenidas en el llamado 鈥渢est de la proporcionalidad鈥 que supone valorar las pruebas en cuanto a su proporcionalidad, idoneidad y necesidad[9].

Destaca en algunas resoluciones judiciales sobre la inadmisibilidad de fotograf铆as del interior del domicilio, frente a la valoraci贸n del testimonio del detective que ha podido observar el comportamiento del investigado desde un lugar p煤blico pues no se puede violar el derecho a la intimidad si el individuo en cuesti贸n desarrolla una conducta a la vista de todos[10].

 

El l铆mite de la intimidad:

Seg煤n los art铆culos 101.1.a) y 102.1 del RSP, los detectives privados pueden obtener informaci贸n y pruebas sobre hechos y conductas privadas[11], no pudiendo ser contratados para investigar posibles delitos que puedan ser perseguidos de oficio. Si bien, en la pr谩ctica s铆 se lleva a cabo en supuestos perseguibles de oficio como las 鈥渂ajas fingidas鈥. De acuerdo con esto, el RSP recoge el deber de colaboraci贸n e informaci贸n de los detectives con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Como ya se ha venido apuntando durante todo el texto, el derecho a la intimidad del trabajador supone un l铆mite b谩sico a la actividad del detective y, en definitiva, del poder de control y vigilancia empresarial. Por ello, resulta fundamental comprender que existen diferencias en nuestro ordenamiento jur铆dico en lo que se refiere a las nociones de 鈥減rivacidad鈥 e 鈥渋ntimidad鈥.

En relaci贸n con la delimitaci贸n de la intimidad, existe jurisprudencia m谩s o menos restrictiva debido a que no es nada f谩cil establecer una l铆nea divisoria que establezca hasta d贸nde termina la privacidad, donde comienza la intimidad de la persona[12].

Con todo, la intimidad posee un car谩cter m谩s restringido, y alude a las 鈥渇acetas m谩s singularmente reservadas de la vida de la persona鈥 como el domicilio habitual y las comunicaciones privadas[13]. Se trata del 鈥渘煤cleo central de la personalidad鈥 que debe quedar excluido de todo conocimiento ajeno[14].

Advi茅rtase que la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social (en adelante, LRJS) y la LSP exponen que 鈥渓as partes, previa justificaci贸n de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podr谩n servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba鈥 no admiti茅ndose 鈥減ruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violaci贸n de derechos fundamentales o libertades p煤blicas鈥[15]. La LSP se manifiesta en la misma direcci贸n cuando expresa, en su art铆culo 10.1.d que, quedan prohibidas las 鈥渕edidas o medios personales, materiales o t茅cnicos de forma tal que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones鈥.

Por tanto, vulnerar la intimidad significa vulnerar un derecho fundamental y por ello, constituir谩 una prueba il铆cita cuando afecta a la privacidad.

 

Pruebas obtenidas por detectives privados:

Un ejemplo com煤n de un proceso laboral en el que median pruebas obtenidas por un detective obedece a una estructura donde el trabajador se configura como el actor que impugna un despido motivado por una investigaci贸n privada y que trata de invalidar los indicios o pruebas en su contra.

La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) en su art铆culo 299 identifica los diferentes medios de prueba[16] siendo estos el interrogatorio de las partes, el interrogatorio de testigos, los documentos p煤blicos y privados, el dictamen de peritos y el reconocimiento judicial.

Asimismo, el apartado 2 del citado art铆culo tambi茅n determina como medios de prueba los medios de reproducci贸n de la palabra, el sonido y la imagen, as铆 como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matem谩ticas relevantes para el proceso. En este sentido, tambi茅n se pronuncia el art铆culo 90.1 de la LRJS aludiendo a los mismo medios.

Se infiere de todo ello que los detectives pueden intervenir de varios modos dentro del proceso judicial. Por un lado, aportando el preceptivo informe como prueba documental, y por otro, como testigo de los hechos que no han podido ser acreditados mediante fotograf铆as o videos[17].

Dicho informe contendr谩 un relato exhaustivo de las indagaciones efectuadas, as铆 como elementos probatorios que sustenten el relato de los hechos. Adem谩s, en caso de que existan acontecimientos en el informe que no hayan podido ser documentados de manera objetiva, como ya se ha mencionado anteriormente, el detective podr谩 servir como testigo de estos. Su testimonio, gozar谩 de un valor especial debido a su profesi贸n[18].

Tambi茅n la jurisprudencia se ha pronunciado sobre el papel del detective en sede judicial, reiterando que este, a pesar de ser un experto de la investigaci贸n privada, no posee un conocimiento a nivel t茅cnico en materias que puedan resultar de gran importancia sobre el dictamen judicial ni posee su informe un car谩cter cient铆fico, por lo que no podr谩 actuar en ning煤n caso como un perito judicial[19]. Sin perjuicio, no obstante, de que pueda darse la circunstancia de que confluyan en una misma persona, las profesiones de perito judicial y detective privado.

 


[1] V茅ase la STS de 6 de noviembre de 1990 que expresa, sobre los detectives privados, la 鈥渉abitual utilizaci贸n y, en ocasiones, instrumento dotado de exclusividad para el eficaz control por el empresario del exacto cumplimiento de los deberes exigibles al trabajador鈥.

[2] V茅ase la tabla 3-7-3 en el 鈥淎nuario y Estad铆sticas. Habilitaciones de personal de Seguridad Privada鈥, Ministerio del Interior, Gobierno de Espa帽a. Disponible en: http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/seguridad-privada3 (脷ltima visita 16/04/2018).

[3] V茅ase el VI Informe Adecco sobre el absentismo, publicado por The Adecco Group, pp. 40, 41 y 46. Disponible en: https://adecco.es/wp-content/uploads/2017/11/VI-Informe-de-Absentismo.pdf (脷ltima visita 05/05/2018).

[4] V茅ase el post de FERN脕NDEZ GARC脥A, A., 鈥淐ontrataci贸n de detectives privados para investigaciones laborales鈥. Disponible en: https://aflabor.wordpress.com/2015/02/02/contratacion-de-detectives-privados-para-investigaciones-laborales/ (脷ltima visita: 10/04/2018).

[5] El apartado 3 del art铆culo 20 ET dispone que 鈥渆l empresario podr谩 adoptar las medidas que estime m谩s oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopci贸n y aplicaci贸n la consideraci贸n debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad鈥.

[6] V茅ase la STS de 6 noviembre de 1990 donde se establece que los l铆mites legales al poder empresarial no impiden el control y vigilancia de los trabajadores mediante detectives privados.

[7] D脥AZ RODR脥GUEZ, J.M., Detectives y vigilantes privados en el 谩mbito laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p.74.

[8] D脥AZ RODR脥GUEZ, J.M., Detectives y vigilantes privados en el 谩mbito laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p.76, afirma que no es necesario informar a los representantes de los trabajadores de la existencia de detectives como medio de vigilancia ya que el art铆culo 64.5.f) ET expresa que el Comit茅 de Empresa debe ser informado de 鈥渓a implantaci贸n y revisi贸n de sistemas de organizaci贸n y control del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoraci贸n de puestos de trabajo鈥.

[9] V茅ase la ponencia 鈥淟os problemas laborales en el uso de las nuevas tecnolog铆as鈥 a cargo de SEMPERE NAVARRO, A. V. Disponible en: https://youtu.be/2Rap9GSbzVk

[10] V茅ase la STC 283/2000, del 27 de noviembre de 2000, que admite el testimonio de un detective que observa desde la calle como el trabajador en situaci贸n de IT realiza tareas incompatibles con su dolencia. Las fotograf铆as que prueban dichas actividades son consideradas prueba il铆cita por vulnerar el derecho a la intimidad del trabajador puesto que est谩n tomadas en su jard铆n. En el mismo sentido se pronuncian la STSJ de Madrid 603/2013 de 5 de julio, y la STSJ de Arag贸n del 12 de mayo de 2013 que versan sobre el despido disciplinario motivado por las pruebas en video de un detective que graba al empleado en la calle realizando actividades contrarias a su estado de salud.

[11] Seg煤n el art铆culo 101.2 RSP, 鈥渟e considerar谩n conductas o hechos privados los que afecten al 谩mbito econ贸mico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados鈥.

[12] V茅ase la STSJ de Canarias 97/2011, de 3 de marzo que estima procedente el despido por la prueba de un detective privado (obtenida en el 谩mbito de la vida privada del trabajador) que corrobora la transgresi贸n de la buena fe contractual cometida por un empleado para cobrar una indemnizaci贸n por parte del empresario con el fin de costear un alquiler. Tambi茅n en este sentido, la STSJ de Valencia 567/2012 sobre un trabajador presenta gastos de manutenci贸n por comer fuera de casa. Sin embargo, la empresa contrata una agencia de detectives que realiza un seguimiento durante 10 d铆as, y prueba que el trabajador come en su casa; y la STS de 8 de abril de 2010 sobre una trabajadora embarazada que, encontr谩ndose en situaci贸n IT, que ayuda a su pareja en la apertura de un establecimiento comercial, limpiando y realizando tareas incompatibles con su dolencia, hechos que un detective capta y plasma en su informe.

[13] V茅ase el apartado 1 de la exposici贸n de motivos de la Ley Org谩nica 5/1992, de 29 de octubre, de regulaci贸n del tratamiento automatizado de los datos de car谩cter personal derogada por la LOPD.

[14] V茅ase la STC 231/1988, de 2 de diciembre que delimita el derecho a la intimidad del individuo.

[15] Art铆culo 90 LRJS sobre la admisibilidad de los medios de prueba.

[16] La LEC tiene el car谩cter de supletoria para otros 贸rdenes jurisdiccionales.

[17] V茅ase la STS de 6 noviembre 1990 que expresa que 鈥渆l informe del detective privado no constituye, sin embargo, modalidad fedataria alguna susceptible de conformar una prueba documental de garant铆a p煤blica (鈥) dicha prueba no merece sino el calificativo de testifical鈥.

[18] Seg煤n la STS de 6 de noviembre de 1990, el testimonio del detective cuenta 鈥 con un valor especial por la garant铆a de profesionalidad y por la continuada dedicaci贸n al objeto del ulterior testimonio a emitir鈥.

[19] As铆 se recoge en sentencias como la STS de 2 de octubre de 1989, y la STSJ de Andaluc铆a 912/2010 de 17 de marzo.


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Martes, 15 de mayo de 2018 Sin comentarios